Café con Adorno 

Por Raúl Adorno Jiménez

Crecimiento con justicia social, impulsa la Presidenta Sheinbaum

Agencia Parlamento y Debate.- Me llama la atención la postura de algunos de los analistas “progresistas” o autodenominados “independientes” que critican la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum por proponer a empresarios e inversionistas impulsar proyectos mixtos, es decir, con inversión del gobierno mexicano y la iniciativa privada. La comentocracia dice que con este esquema se busca beneficiar, como antes se hizo, a los grandes empresarios.

Antes que nada, quiero aclarar que no soy economista ni analista en la materia, pero me queda claro que por un lado México no puede volver a esa visión estatista de los años 70, donde prácticamente el Estado se volvió intervencionista de prácticamente todos los sectores, vamos hasta había fábrica de bicicletas que eran propiedad del Estado Mexicano, sin descontar la fabricación de automóviles, vagones del Metro, la producción y distribución de alimentos, entre otras muchas actividades económicas.

Tampoco puedo aceptar la visión neoliberal donde se apostó a reducir al máximo la intervención o si se quiere la regulación de las actividades económicas por parte del Estado para evitar que la economía cayera en la ley de la selva que significaba el libre mercado, dejándolo todo a la sacrosanta autorregulación del mercado.

Supuestamente bajo la bandera de que la competencia entre los sectores económicos sería el factor determinante para esa supuesta regulación y evitara los abusos en los que finalmente cayó el sistema neoliberal que durante más de 30 años dejaron como resultado una mayoría de la población cada vez más pobre, y una minoría que concentró de manera escandalosa enormes riquezas.

Desde mi opinión, la presidenta Claudia Sheinbaum está buscando la fórmula para promover la inversión privada, ya que el presupuesto gubernamental no lo puede todo, pues por sí solo es insuficiente para impulsar un crecimiento económico sostenido y al mismo tiempo cumplir con los compromisos asumidos a través de los programas sociales, sin comprometer su equilibrio fiscal.

Por lo anterior, impulsa un modelo de inversiones mixtas, como es el caso del sector eléctrico, donde se propone mantener el 54 por ciento de la generación en manos del Estado (CFE) y permitir que el 46 por ciento sea cubierto por inversionistas privados, asegurando así el suministro necesario para la industria.

En términos llanos, la participación de los empresarios en el proyecto económico de la presidenta Claudia Sheinbaum es un pilar fundamental de su estrategia denominada «Plan México». Esta visión busca un equilibrio donde el Estado mantiene la rectoría y regulación de sectores estratégicos, pero reconoce que la escala del crecimiento necesario para el país no puede lograrse únicamente con recursos públicos.

Cabe aclarar que, la propuesta de la presidenta Shainbaum, no pretende impulsar  esquemas similares a las inversiones público-privadas del periodo neoliberal en la que el privado adquiría una deuda, desarrollaba los proyectos y el gobierno sólo pagaba, muchas veces sin que se cumplieran los tiempos comprometidos en las licitaciones (más bien simulaciones) que se efectuaban para obras diversas, sin que hubiera sanciones de por medio, por el contrario, el incumplimiento se premiaba con más financiamiento, más tiempo y el enriquecimiento de algunos empresarios en contubernio con funcionarios públicos.

Contra esas prácticas que tuvieron su auge durante los gobiernos prianistas, la presidenta Sheinbaum está empeñada en impulsar un modelo de crecimiento con justicia social, de desarrollo sustentable con bienestar en el que el Estado mexicano no cede concesiones y no se adquiere financiamiento con grandes tasas de interés.

El Plan México, de acuerdo al propio gobierno de la presidenta Sheinbaum, representa una visión del presente y el futuro sobre el desarrollo nacional, que está conformado de diversas metas cuyo objetivo es hacer de nuestra nación un mejor país disminuyendo la pobreza y la desigualdad y el cual contempla un portafolio de inversiones, nacionales y extranjeras, de 277 mil millones de dólares.

El Plan México tiene como propósito pasar de ser la economía número 12 a la 10 del mundo, con lo que se propone elevar la inversión respecto del PIB hasta un 25 por ciento, con lo que se espera crear 1.6 millones de empleos más; además, se plantea que mientras el gobierno crea las condiciones de conectividad y educación, la iniciativa privada sea la principal generadora de puestos de trabajo formales.

La presidenta Sheinbaum ha explicado que la inversión pública impulsa en la inversión privada diferentes esquemas para que haya crecimiento que debe multiplicarse en bienestar. “La Cuarta Transformación llega para garantizar que la riqueza que se genere, se distribuya, es decir crecimiento con justicia social, desarrollo con justicia social”.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, también ha expresado que para la elaboración del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, que tiene como eje rector a la inversión pública por su capacidad para detonar el crecimiento, se contempló un análisis financiero y técnico de más de mil 500 proyectos.

Recientemente, la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, misma que proyecta la inyección de cerca de 6 billones de pesos a la economía del país y llegar a una inversión proyectada del 28 por ciento del PIB al final del sexenio en sectores estratégicos como energía, trenes, carreteras, puertos, salud, agua, educación y aeropuertos.

El propósito de dicha legislación es regular los mecanismos de inversión que sirvan para fomentar el desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructura pública estratégica que contribuyan al desarrollo nacional, con bienestar del pueblo de México, a través de la participación del sector público, privado y social que fortalezcan la soberanía nacional

De manera sencilla, esta ley recién aprobada abre la puerta a esquemas donde gobierno, sector privado y social puedan invertir juntos, es decir, la participación mixta, en un marco legal que genera certeza jurídica e impulsa el desarrollo económico del país que sirve para otorgar bienestar social.

Todo lo anterior se contempla en la estrategia sexenal de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero sin perder de vista nunca que México necesita un mayor crecimiento, pero no cualquier crecimiento, sino requiere uno que reduzca la pobreza y las desigualdades.

Por ello, las inversiones mixtas representan un modelo que garantiza la propiedad y rectoría del Estado en los proyectos estratégicos y el capital privado acelera los proyectos, con ello el Estado define reglas de operación y objetivos sociales, se comparten beneficios, no se depende de sólo del presupuesto gubernamental, sino de un esfuerzo conjunto entre sociedad y gobierno, al tiempo que se protegen las finanzas públicas y se priorizan el bienestar social y la soberanía.