Columna

Café con Adorno 

Por Raúl Adorno Jiménez

Retos de los nuevos ministros de la SCJN

Agencia Parlamento y Debate.- En días pasados, durante el análisis sobre las elecciones judiciales que transmitimos por Parlamento y Debate, su servidor opinó que, sin duda, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pintaría de guinda, es decir, sería parte del movimiento de la Cuarta Transformación. Inmediatamente mis compañeros de la mesa de debates respingaron y por supuesto aludieron que lo mismo había pasado cuando los gobiernos los encabezó el PRI y el PAN.

Yo respondí que el problema no era que fueran parte de este movimiento de transformación que, gusté o no a sus detractores, se dio ya en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo; el primero al ganar de manera contundente las elecciones del 2024 con el triunfo de la presidenta Claudia Sheinbaum con casi 36 millones de votos.

El segundo, me refiero al legislativo, con una mayoría que también aplastó al PRI y al PAN, pues obtuvo el triunfo en 256 distritos electorales de 300 que estaban en disputa; mientras que la oposición apenas ganó en 44. Como es sabido, después vino la suma de plurinominales que le dio la mayoría calificada a Morena y aliados, que le ha permitido realizar reformas constitucionales, impensables todavía en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

En este proceso transformador faltaba, el Poder Judicial que se convirtió en el dique al que apostó la oposición, más bien la derecha, para frenar las acciones legales y constitucionales que necesitaba el país para avanzar en los cambios que se requerían para lograr consolidar una política social y económica que permitiera integrar al desarrollo nacional a más de la mitad de la población mexicana que se había quedado rezagada y olvidada por los proyectos neoliberales y depredadores que impulsaron por más de 40 años el PRI y el PAN.

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La SCJN que encabeza hasta la fecha, su presidenta Norma Piña, fue el mejor ejemplo de cómo se comportaban los ministros, magistrados y jueces siempre prestos a atender los intereses del gobierno en turno y de los poderes fácticos de empresarios que acumulaban riquezas inexplicables en colusión con políticos corruptos, o eran cooptados por el dinero sucio del narcotráfico.

Negar esa realidad, es simplemente actuar displicentemente ante los agravios que se cometían en contra de la sociedad mexicana o de plano ser cómplices del desfalco y las fechorías que hundían a la mayoría de los mexicanos en la pobreza y la desesperación, con salarios miserables, así como la degradación de los servicios públicos, de los sectores de salud y educación que deterioraban la calidad de vida de millones de ciudadanos, todo en aras del libre comercio y dejando a la “buena voluntad del mercado” el destino de la población.

Por años nos vendieron la idea que había que beneficiar a los de arriba, dejarlos que se enriquecieran a manos llenas, para después dejar que esa riqueza salpicara a los de abajo. Enriquecimiento que se dio con contratos leoninos que depredaban el erario público; con la condonación un año sí y el otro también de impuestos, bajo el supuesto que ello incentivaba la inversión, cuando la verdad es que sólo se iba a las arcas de los millonarios de este país; con la depredación de nuestros recursos naturales, sin descontar los beneficios que obtuvieron de sectores como el minero, el electrico y el petróleo, que estuvieron a punto de cederse al mejor postor.

Todo lo anterior y más, siempre con el contubernio, el silencio y la complicidad del Poder Judicial, que ahora, según las versiones de la comentocracia, pasó de victimario a víctima, precisamente ahora cuando se sometió al voto ciudadano, que con todos los defectos que pudo tener la elección del pasado 1 de junio, siempre será mejor que los hayan elegido alrededor de 13 millones de ciudadanos con sus votos, que con el dedo del presidente o presidenta en turno, y avalados por el Senado con 86 u 87 votos del pleno que se requerían para hacer la mayoría calificada para el nombramiento de ministros de la SCJN.

Evidentemente, con todo el clima en contra de la elección judicial, el nombramiento de los nuevos ministros no fue por unanimidad y la declaratoria de validez de la elección de ministros de la SCJN fue decidida con seis votos a favor y cinco en contra de los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE). Llamó la atención el voto a favor de la consejera Carla Humphrey, quien durante la mayor parte de la sesión que se llevó a cabo el domingo pasado, describió detalladamente los supuestos males de la elección, pero finalmente su voto fue decisivo para completar los seis votos a favor y hacer la mayoría.

Seguramente habrá impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero todo a punta a que se ratificará la decisión del INE. El asunto no es que hayan quedado al frente del Poder Judicial personas a fines a Morena y al segundo piso de la Cuarta Transformación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, el meollo está en que no hagan exactamente lo que hicieron sus antecesores.

El reto que tienen los ministros, magistrados y jueces electos con voto popular, es anteponer ante todo la justicia a favor de los mejores intereses del pueblo de México; ya no actuar a favor de las élites de siempre, de los delincuentes de cuello blanco o del crimen organizado, sino simple y llanamente impartir justicia de manera justa, pronta y expedita.

Los encargados de impartir justicia deben de dejar de ver su actividad como un negocio, como una forma de conseguir dádivas, de enriquecerse de manera ilícita e incluso utilizando la propia ley, acomodándola según su interpretación y sus intereses; debe acabarse con el nepotismo, con privilegios ominosos que contrastaban con las carencias de la mayoría de la población; deben bajarse de su torre de marfil y ser más pueblo, ser uno con ellos y ellas, con todos y todas.

Sin duda, vuelvo a repetir, se trata de una SCJN guinda, pero no para imponer el autoritarismo como lo grita despavorida la comentocracia y la derecha, sino para ser parte de esa transformación que impulsa la 4T, cuya principal aspiración es precisamente lograr un México más justo, equitativo, incluyente e igualitario. Queremos una justicia que trate por igual a potentados con poder económico, que a asalariados modestos que sólo quiere un trato justo y apegado a nuestras leyes. No queremos más impunidad.

Por ello, me quedo con las palabras de Hugo Aguilar Ortiz, presidente electo de la SCJN , quien aseguró que ningún partido lo puso en el cargo, por lo que pidió un voto de confianza para el nuevo Máximo Tribunal que arrancará funciones el 1 de septiembre.

Luego de recibir de manos de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, la constancia que lo acredita como el candidato más votado, y que fue redactada en mixteco, Aguilar Ortiz dijo que decidió ser candidato para aprovechar la oportunidad histórica para los pueblos indígenas y que su triunfo no se debe a los acordeones sino a la voluntad colectiva.