Al eliminar la SCJN la prisión preventiva, quedarían en liberta inmediata más de 68 mil delincuentes del crimen organizado y homicidas
Por Jaime Balderas Alarcón
Gobernadores de todos los partidos piden Norma Piña no eliminar la prisión preventiva, ya que se corre el riesgo de generar ingobernabilidad, ya que al tomar esa decisión en la Suprema Corte de Justicia, quedarán en libertad inmediata más de 68 mil delincuentes que tienen pendientes integrantes del crimen organizado y homicidas.
En una carta enviada a la ministra presidenta de la SCJN, los 32 gobernadores, incluyendo los del seis del PAN, María Teresa Jiménez Esquivel, de Aguascalientes, María Eugenia Campos, de Chihuahua, Esteban Alejandro Villegas, de Durango; Diego Sinhue Rodríguez, de Guanajuato; Mauricio Kuri, de Querétaro, y Mauricio Villa de Yucatán; así como
el priista Manolo Jiménez de Coahuila, y los de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, Jalisco; y Samuel García de Nuevo León; y los 23 restantes de Morena, incluyendo el Jefe de Gobierno, Martí Batres.
“(Esto) con el fin no sólo de impedir la vulneración de nuestra Carta Magna sino de evitar un grave impacto en la seguridad pública de las y los mexicanos, de las víctimas y testigos, así como la culminación de procesos penales seguidos en contra de sujetos que han cometido delitos de alto impacto”, se apunta en la carta.
“No podemos dejar de señalar el colapso de los tribunales federales que derivaría de la necesidad de verse obligados a analizar todas y cada una de las solicitudes de modificación a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”, subrayan los 32 gobernadores.
“La figura de la prisión preventiva oficiosa responde, pues, a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas de los delitos, procurar que el responsable no quede impune, así como lograr que sean reparados los daños causados por el delito”, señalaron en su escrito.
“Por ello, hacemos un llamado respetuoso para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación considere lo aquí expuesto, ya que se trata de una decisión que impactará directamente en la seguridad y gobernabilidad del país y con ello en la de las entidades federativas, de cuyos gobiernos somos responsables y tenemos por tanto la valoración del que vive y tiene elementos más que suficientes para emitir opinión fundada sobre las negativas consecuencias que una eventual decisión adversa de ese Poder tendría en la seguridad pública de nuestros gobernados”.
A continuación la carta íntegra:
