
* A partir de este momento no importará qué partido esté al frente del gobierno capitalino, porque el programa de la beca se quedará estable, además de que no podrá utilizarse como un recurso electoral, aseguró el diputado Diego Orlando Garrido López
* El Congreso de la Ciudad de México aprobó elevar a rango constitucional la entrega de becas de entre 400 y 450 pesos a niñas y niños inscritos en escuelas públicas, que cursan la primaria y secundaria
Por Christian Daza
Ciudad de México, 23-nov-2022 (Agencia Parlamento y Debate).- El Congreso de la Ciudad de México aprobó elevar a rango constitucional la entrega de becas de entre 400 y 450 pesos a niñas y niños inscritos en escuelas públicas, que cursan la primaria y secundaria, además de dotar anualmente de recursos a los planteles educativos para su mantenimiento.
Como una reforma fundamental para la capital, fue calificada la modificación al párrafo primero y la adición de dos párrafos al numeral 6 del apartado A del artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México, por el diputado Diego Orlando Garrido López (PAN).
En este sentido, dijo que a partir de este momento no importará qué partido esté al frente del gobierno capitalino, porque el programa de la beca se quedará estable, además de que no podrá utilizarse como un recurso electoral.
Al fundamentar el dictamen que dio origen a las reformas, a nombre de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Educación, el legislador afirmó que actualmente se beneficia con este apoyo a más de un millón 250 mil niñas y niños que cursan educación básica en los planteles públicos de la ciudad, al otorgarles un apoyo por un monto de 400 a 450 pesos, conforme a su nivel de escolaridad, y que genera un impacto presupuestal de 5 mil 400 millones de pesos.
Además, se establece que en cada ejercicio fiscal los planteles educativos contarán con la asignación presupuestal para dignificar las condiciones de la infraestructura de los inmuebles, el cual se ejercerá con la participación de padres y madres de familia, para mil 798 inmuebles de educación pública, lo que significará una erogación de al menos 350 millones de pesos anuales.