* La incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional es una medida desesperada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ante la situación tan grave de inseguridad y violencia que vive México, señala
* La ex gobernadora de Zacatecas aseguró que la medida no es adecuada y lo que se requiere es fortalecer la capacidad y el profesionalismo de las policías municipales y estatales, además de garantizar un mando civil
Por Crhistian Daza, exclusiva para la Agencia Parlamento y Debate
Ciudad de México, 4-sep-2022.- La incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional es una medida desesperada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ante la situación tan grave de inseguridad y violencia que vive México, aseguró Amalia García, diputada federal de Movimiento Ciudadano, quien agregó que dicha medida tiene muchas fallas constitucionales y no resuelve el problema de falta de capacitación y de instrumentos para profesionalizar a las corporaciones policiacas.
En entrevista exclusiva para la Agencia Parlamento y Debate, la también ex gobernadora de Zacatecas –uno de los estados más azotados por el crimen organizado–, agregó que la medida no es adecuada y más bien lo que se requiere es que se fortalezca la capacidad y el profesionalismo de las policías municipales y estatales, además de que la Guardia Nacional tenga un mando civil.
“El que la Guardia Nacional se hubiera creado nos pareció adecuado, porque lo concebimos como un cuerpo civil policiaco de seguridad que tendría condiciones de fortalecer la tranquilidad de los mexicanos con una corporación preparada, profesional que tuviera capacidad de investigación para la prevención de delito, pero la salida que ha planteado el presidente de que la GN pase a formar parte de las fuerzas armadas de México es una medida desesperada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ante la situación tan grave de inseguridad y violencia que vive el país”, añadió la legisladora.
En otro tema, y a unas horas de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva mantener o no la prisión preventiva oficiosa, García Medina opinó que en el análisis debe prevalecer la protección de los derechos humanos y debe revisarse que los delitos por los que se quiera aplicar esta medida en discusión no pongan en riesgo la vida y la seguridad de las personas.
“Debe considerarse que los presuntos agresores lleven su proceso en libertad hasta que se demuestre su culpabilidad, y se debe revisar el catálogo de delitos como el feminicidio y la violación, como aquellos que ponen en riesgo la vida y la seguridad de las personas, para que en esos casos sí se amerite la prisión preventiva oficiosa”, puntualizó.
