* El Fiscal de Campeche, que la víspera solicitó el desafuero del diputado del PRI, Alito Moreno Cárdenas, acudirá a la Cámara de Diputados el próximo 23 de agosto
* No nos oponemos a la fiscalización, asegura el diputado Angulo Briceño
Agencia Parlamento y Debate (H. Cecilia Hernández Delgadillo).- La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) aprobó por mayoría el acuerdo para solicitar la comparecencia de Renato Sales Heredia, fiscal general de Campeche, ante esta instancia, a fin de que aclare y justifique diversos aspectos vinculados a la revisión DM19006 practicada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La propuesta fue presentada por el diputado del PRI, Hiram Hernández Zetina, a través de un oficio que entregó a la presidencia de la Comisión. Planteó realizar la comparecencia el próximo martes 23 de agosto a las 17 horas, previo formato aprobado por la Junta Directiva de la CVASF.
Al respecto, el presidente de la Comisión, diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño (PRI) refirió que el acuerdo se deriva de un proceso de fiscalización a las Cuentas Públicas 2015 al 2019, en las que se determinó un daño al patrimonio de la hacienda pública federal por 807 millones de pesos.
Lo anterior se encuentra fundamentado en lo dispuesto por el artículo 81, fracción XV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, al señalar que es una atribución de la Comisión de Vigilancia de la ASF analizar la información en materia de fiscalización superior de la Federación, de contabilidad y de auditorías gubernamentales y de rendición de cuentas, y podrá solicitar la comparecencia de servidores públicos vinculados con los resultados de la fiscalización, explicó.
Aseguró que su grupo parlamentario está a favor de la fiscalización, lo que queremos es que haya transparencia y rendición de cuentas. “No nos oponemos, de ninguna manera, a la fiscalización; todo lo contrario. Todos los servidores públicos que han utilizado recursos públicos deben ser plenamente auditados”.
De lo que estamos en contra, es que se utilicen mecanismos jurisdiccionales para perseguir políticos, en detrimento del marco constitucional, donde “se judicializa la política y politiza la justicia”; entonces no se está persiguiendo hacer justicia, sino se persigue a los adversarios políticos”, precisó. (HCHD/APyD)
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