Columna

Café con Adorno 

Por Raúl Adorno Jiménez

Pretende SCJN pasar por encima de la Constitución

Agencia Parlamento y Debate.- Este martes 5 de noviembre sabremos qué determinación tomará la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto de la Reforma Judicial y si prospera el proyecto del ministro José Juan González Alcántara Carrancá que en términos generales propone invalidar la elección por voto popular de jueces de Distrito y magistrados de Circuito. La decisión está en manos de ocho ministros que pretenden erigirse como tribunal supremo y anteponerse sobre los otros dos poderes, Legislativo y Ejecutivo, pero, sobre todo, pretenden pasar por encima de la Constitución.

Con el supuesto de que la reforma judicial ya consumada e inscrita en nuestra Carta Magna atenta contra la independencia judicial y el principio de división de poderes, el pleno del máximo tribunal jurisdiccional decidirá por voto, sin duda, dividido, si se quita o no la facultad de la ciudadanía para votar por jueces y magistrados, aunque bajo una supuesta actitud magnánima plantea que permanezca la elección por voto popular de ministros de la SCJN y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del Tribunal de Disciplina Judicial.

Pero ¿por qué será una decisión dividida? Porque hay, cuando menos tres ministras que ya decidieron participar en la elección de ministros y apoyan la Reforma Judicial, mientras que habrá que esperar la determinación de ocho togados que han expresado su rechazo a dicha reforma, aunque haya cumplido con todo el proceso legislativo legal para concretar dichos cambios constitucionales.

Y los ocho ministros que ya determinaron que no participarán, argumentan que decidieron no mantenerse en los cargos con el presunto ánimo de llegar a acuerdos y de ceder en parte para lograr consensos con la presidenta Claudia Sheinbaum, Morena y aliados, es decir, se sacrificaban en aras de que se terminara con lo que ellos han denominado crisis constitucional.

Lo que no dicen ellos, es que dejan el cargo recibiendo su haber de retiro, que garantiza un pago vitalicio similar al que ganan actualmente, que, según estimaciones, entre salario y prestaciones es de alrededor de 700 mil pesos mensuales; en todo caso, se van con una pensión de ensueño y sin perder sus privilegios, como quedarse con las camionetas blindadas que les cedió la SCJN y personal que estará a cargo tanto de su logística, como de su seguridad.

La propuesta que promueve González, a todas luces ilegal, sólo podría ser avalada si votan en conjunto los ocho ministros que desde siempre se opusieron a la reforma, pero todavía está por verse si mantienen su posición o hay alguno que recule.  La pretensión de detener la elección de jueces, magistrados y ministros solo buscan defender los intereses creados durante muchos años que la justicia se puso a disposición del mejor postor, mientras que se condenaba a aquellos que no tenían los recursos suficientes para defenderse y lo que todavía es peor, es que se les mantienen privados de su libertad durante años por no recibir una sentencia.

Puede ser que no sea bueno generalizar y llamar a todos corruptos, pero en el 70 por ciento de la ciudadanía prevalece la percepción de que se trata de un Poder Judicial con una imagen sumamente deteriorada, muy alejada de los intereses de la mayoría de la población, incluso contraria a la defensa de otorgar seguridad y certeza jurídica a la ciudadanía.

Sin descartar que se trata de uno de los Poderes de la Unión que no se había tocado desde 1994, cuando el entonces presidente entrante Ernesto Zedillo reformó la Constitución con apoyo del PRI y el PAN para destituir a los 26 ministros que ese entonces conformaban el pleno de la Suprema Corte, para reducirlo a 11 que fueron propuestos por el propio mandatario.

Sin embargo, la estructura del Poder Judicial quedó intacta por lo que siguieron prevaleciendo los vicios que han generado su pérdida de credibilidad entre la mayoría de los ciudadanos.

Contrario a lo anterior, con la democratización que se aprobó con la Reforma del Poder Judicial se busca que los mexicanos sean los que pueden elegir a quienes estén dentro de las instituciones encargadas de impartir justicia. Qué tan bueno o malo puede ser realizar este ejercicio, eso lo tendremos que ver en el corto y mediano plazo, pero lo que era insostenible, era mantener al Poder Judicial tal como está conformado actualmente, tenía que buscarse una renovación de jueces, ministros y magistrados.

Este martes sabremos la decisión del pleno de la SCJN, pero de antemano debe quedar claro que la presidenta Claudia Sheinbaum ni el expresidente Andrés Manuel López Obrador incurrieron en desacato, porque quien está en falta es la propia Suprema Corte, que recibió un amparo de partidos políticos que no tienen personalidad jurídica para tal efecto, o en todo caso, se rigen por las leyes electorales y tuvieron que recurrir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

De igual forma, los jueces y magistrados que promovieron amparos y los ganaban porque eran sus similares los que los aceptaban, dejaron de lado que la Ley de Amparo deja muy claro que no proceden ante reformas y artículos constitucionales, pero la SCJN no sólo pretende pasar por encima de la Ley de Amparo, sino que ahora que ya es constitucional que no proceden amparos, llega al agravio de pretender reformar los artículos constitucionales, cuando no tienen ninguna facultad para hacerlo.

Ya lo hemos dicho en este espacio, pero no nos cansaremos de repetirlo, para reformar un artículo constitucional se requieren las dos terceras partes de la mayoría en la Cámara de Diputados, las dos terceras partes de la mayoría en la Cámara de Senadores y la mayoría de los Congresos locales, a ellos les corresponde cambiar la Constitución. Eso lo dice claramente la Constitución de la República. Lo que quiere hacer ahora la Corte es legislar, cambiar lo que ya es una resolución del Constituyente, es decir, la Corte se está sobrepasando sobre sus funciones.

Debemos recordar el procedimiento legislativo: el presidente López Obrador envía una reforma a la Constitución el 5 de febrero de 2024, que fue rechazada por la oposición, por lo que se anuncia el plan C y durante el proceso electoral que culminó en junio pasado fue parte de las propuestas de Morena y aliados.

Morena y aliados ganan la elección de manera aplastante, pues la oposición sólo logra ganar en 44 distritos de los 300 electorales que estaban en disputa; mientras que en el Senado sólo logran 4 triunfos por la vía del voto ciudadano.

No obstante, lo anterior, Morena y aliados logran la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, y en el Senado las dos terceras partes se logra con la adhesión y acuerdos con tres senadores de otros partidos políticos. Es importante recalcar que el número de diputados y senadores que hoy tiene cada grupo parlamentario lo determinó el INE y lo calificó el Tribunal Electoral, a partir de una fórmula en la Ley de Procedimientos Electorales.

Fórmula, hay que decirlo, sigue el mismo procedimiento que se aplicó en el 2021, en el 2018, en el 2015. Porque ahora la oposición reclama una sobrerrepresentación de Morena y aliados, supuestamente ilegal, pero no, el INE y el TEPJF determinaron los porcentajes conforme lo determina la legislación correspondiente, que en su momento pudieron cambiar el PRIAN, pero no lo hicieron porque les beneficiaba y ahora que no fue así, lo acusan de ilegal.

Con esas mayorías calificada en el Senado y Cámara de Diputados, más la mayoría de los congresos locales, se aprueba la Reforma Judicial, que publicó en el Diario Oficial el presidente Andrés Manuel López Obrador el 15 de septiembre, para quedar inscrita en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora de manera ilegal la SCJN, más exactamente ocho ministros, pretenden ungirse por encima del Constituyente, único facultado para realizar reformas constitucionales.