Columna

Café con Adorno 

Por Raúl Adorno Jiménez

Democracia contra el autoritarismo de la toga

Agencia Parlamento y Debate.- La oposición y la llamada comentocracia, junto con los propios jueces, magistrados y ministros se desviven criticando la Reforma Judicial porque argumentan que se violenta la división de poderes, se trastoca la democracia y hasta se violan los derechos humanos, asumiéndose ahora como los grandes defensores de dichos preceptos y elevándose como los defensores del pueblo.

Por ello, es de llamar la atención que los juzgadores se autoadjudiquen como el poder supremo, por encima del Legislativo y el Ejecutivo, haciéndose a un lado que mientras los segundos fueron electos y tienen una representación real que les otorgó el voto ciudadano, con casi 36 millones de sufragios a favor de un proyecto de gobierno, ahora se pretenda imponer la dictadura del togado para echar abajo una reforma, que además ya es un hecho consumado.

Es difícil asegurar que la elección de jueces, magistrados y ministros será la solución de los problemas de justicia que desde hace muchos años enfrenta al país, aunque habrá que esperar los resultados ante un hecho inédito y único en el mundo, pero lo que no puede dejarse de lado es permitir como sociedad que la impartición de justicia continúa sin ningún cambio, sin hacer una limpia de sus actuales actores, muchos de los cuales están ahí por el influyentismo y el nepotismo.

Tampoco se puede permitir que ocho ministros que no están de acuerdo con los artículos ya publicados en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, puedan, desde su muy particular interpretación, desconocerlos y echarlos abajo, porque se estaría abrogando la facultad de legislar, que sólo recae en el Poder Legislativo,

Cuando se trata de controversias constitucionales, hay que dejarlo muy claro que se trata de leyes secundarias que pudieran ser impugnadas por los propios legisladores u organismos especializados que consideren que dicha legislación, contraviene los designios que impone la Constitución en general o algún artículo específico de nuestra Carta Magna, ahí si tienen posibilidad de intervenir, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es el máximo organismo jurisdiccional de interpretación de la Constitución.

Pero sus posibles resoluciones sobre si una ley secundaria contraviene o no a la Constitución, se basa precisamente en los artículos establecidos en la nuestra Ley Suprema, pero hasta la fecha nunca se ha dado una revisión ni mucho menos una revocación de algún artículo o articulado de la propia Carta Magna.

Cuando se habla que quieren doblegar al Poder Judicial, se esconde que en contraparte se pretende arrodillar a los poderes Legislativo y Ejecutivo ante unos ministros que quieren imponer sus designios, aunque se violenten las facultades de los otros dos.

Nos guste o no, las reformas constitucionales fueron aprobadas por las mayorías calificadas en las cámaras de Diputados y Senadores; al tiempo que se cumplió con el requisito de que fueran ratificadas por la mayoría de congresos de los estados de la República.

Otro aspecto que no se puede dejar de lado, es que el Congreso de la Unión, es decir, diputados y senadores, tienen una representación popular, o lo que es lo mismo, son quienes encarnan los intereses de los ciudadanos que votaron por ellos, llevando sus demandas a los plenos camarales para convertirlos en leyes, siempre con la pretensión de que mejore las relaciones entre quienes formamos parte de la sociedad mexicana.

En las cámaras se refleja la pluralidad política que existe entre la sociedad, pero siempre hay mayorías que hacen prevalecer su voto para realizar determinadas modificaciones constitucionales, así fue también cuando tenía mayoría en el Congreso el PRI y más adelante, la mayoría que conformaron el Prian.

Fue así como durante más de 35 años hubo reformas constitucionales que le dieron forma al llamado neoliberalismo que no fue otra cosa que fortalecer la inversión privada en diversos sectores estratégicos y esenciales de la vida nacional, como el energético y el minero, por mencionar algunos, que se dejaron al libre mercado,

Con lo anterior se permitía a los grandes emporios enormes ganancias y se les dejaba a su propia autorregulación que nunca frenó la depredación de los bienes nacionales y el enriquecimiento de empresarios ambiciosos y políticos corruptos, mientras que la rectoría del Estado se debilitaba, lo que conllevó a hacer prevalecer los intereses de los menos, sobre los intereses de la mayoría de los mexicanos que cada vez se empobrecían más.

Ahora que se intenta establecer una nueva estructura judicial que permita depurar a jueces, magistrados y ministros, quienes además tendrán la preferencia de participar como candidatos, pero la comentocracia y la derecha que siempre se benefició de las corruptelas que se daban en el Poder Judicial, quieren imponer el criterio de ocho ministros sobre la estructura democrática que el propio pueblo de México se dio a través de su voto.