Columna
Café con Adorno
Por Raúl Adorno Jiménez
Ahora resulta que jueces son defensores de derechos humanos
Agencia Parlamento y Debate.- Son constantes las entrevistas difundidas en los medios comerciales de información donde ministros y jueces se envuelven en el lábaro patrio y argumentan que el paro ilegal de labores que realizan es en defensa de la democracia, la República, la independencia del Poder Judicial y, según ellos, para proteger los derechos humanos de la mayoría de los mexicanos.
El paro laboral y las movilizaciones que han realizado durante este mes de septiembre, lo hacen, argumentan, porque están en contra de la Reforma del Poder Judicial, promovida por el Ejecutivo Federal y aprobada por el Poder Legislativo, que según ellos y tal como lo alega la famosa comentocracia que vivió de las dádivas de los regímenes anteriores, atenta contra el Estado de derecho, cuando son ellos los que por muchos años ha violentado la ley para beneficio de unos cuántos.
Para quienes defienden a ultranza al Poder Judicial, tal como está actualmente, cierra los ojos ante las serias deficiencias que hoy prevalecen a la hora de impartir justicia porque los procesos suelen ser lentos, caros, casi siempre opera a partir de quien tiene dinero; es de difícil acceso porque jueces y ministros se suben a su torre de marfil y poca relación tenían con el ciudadano, es decir, tiende a ser impersonal y muchas veces es injusto.
Pero además, tanto quienes impugnan como quienes aprueban dicha reforma, reconocen que parte de la crisis, de la decadencia que hoy enfrenta el Poder Judicial se debe a que se convirtió en protector de los grupos del poder económico y del poder político, incluso de grupos de poder fáctico como la delincuencia organizada o de cuello blanco.
De acuerdo a datos dados a conocer recientemente por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, la corrupción en el Poder Judicial mantiene privadas de la libertad y sin sentencia a cerca de 24 mil personas, de las cuales, mil 326 enfrentan procesos federales pendientes de entre cinco y diez años; 2 mil 488 reportan juicios de diez a 15 años; 767 tienen un proceso de 15 y 20 años y 232 personas privadas de la libertad llevan más de 20 años en un penal federal sin obtener resolución.
Para mostrar la decadencia que hoy enfrenta el Poder Judicial, la funcionaria comentó que más de 24 jueces y magistrados son responsables de atrasos significativos en la impartición de justicia o en la liberación injustificada de personajes de alto perfil delictivo.
Pero los datos duros y las deficiencias del Poder Judicial no se quedan ahí, pues según un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México tiene a más de 90 mil presos sin sentencia, de los cuales, alrededor del 50 por ciento están sujetos a detención preventiva.
El organismo internacional sostiene que tal situación es violatoria de los derechos humanos, pero deja de lado que son los jueces los que autorizan que se aplique la detención preventiva, y también son muchas veces responsable de prolongar durante un tiempo indefinido la situación a miles de personas que están en espera de una sentencia.
Caso emblemático es el de Israel Vallarta, quien suma privado de la libertad 18 años y nueve meses por el delito de secuestro. Su detención se dio durante el montaje difundido en el noticiario de Carlos Loret de Mola con la participación de Luis Cárdenas Palomino, que se desempeñaba como director de Seguridad Federal de la Policía Federal.
También está el caso de Giovanny Fernando Robledo Rodríguez y Paul Uriel Martínez Rodríguez, quienes fueron detenidos el 3 de julio de 2013, acusados de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Luego de 11 años y dos meses, aún no tienen sentencia.
Por el contrario, hay casos de presuntos delincuentes beneficiados por el Poder Judicial, entre los que resalta el cambio de medida cautelar de prisión preventiva al exgobernador de Puebla, Mario “N” (el gober precioso), acusado por el delito de tortura cometido en agravio de una periodista. Adicionalmente la jueza Angélica del Carmen Ortuño Suárez decidió que elementos de la Guardia Nacional brinden al procesado protección permanente fuera de su domicilio.
Otro caso de corrupción en este rubro es que el magistrado Juan Pedro Contreras Navarro otorgó un amparo a Emilio “N”, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), para dejar sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva justificada que había en su contra desde 2022, pues consideró que se violaba el derecho a la certeza y seguridad jurídica.
La secretaria Rodríguez Velázquez se refirió a los ‘sabadazos’, práctica irregular que facilita la salida de personas privadas de la libertad entre viernes y domingo porque las autoridades no pueden hacer una revisión exhaustiva en un plazo de horas fijado por jueces y magistrados sobre otras carpetas de investigación o causas del acusado en las fiscalías estatales.
El juez de distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con residencia en Almoloya de Juárez, Gregorio Salazar Hernández, facilitó la salida de Jannet Miriam “N”, colaboradora de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. Se le acusó de peculado y delincuencia organizada; el motivo de su egreso fue el cambio de medida cautelar de prisión preventiva y obtuvo la libertad inmediatamente el viernes 14 de junio de 2024 en el Centro Federal de Readaptación Social No. 16 en Morelos.
Por si lo anterior fuera poco, existen casos de jueces que no autorizan órdenes de aprehensión. La jueza Octava de Distrito en el Estado de Tamaulipas, Adriana Yolanda Vega Marroquín, otorgó el 30 de noviembre de 2023 un amparo a Francisco Javier “N” (Cabeza de Vaca), exgobernador de Tamaulipas, para dejar sin efecto una orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con la jueza, esta orden violentaba derechos consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales.
También está el caso Colosio. El 4 de enero de 2024, la Fiscalía General de la República solicitó una orden de aprehensión en contra de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del CISEN, por su probable participación en el homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato presidencial en 1994.
La acusación fue en calidad de coautor material, es decir, segundo tirador, con base en 123 pruebas recabadas; 50 de ellas son contundentes para demostrar su probable responsabilidad. El 5 de enero, el juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Jesús Alberto Chávez Hernández, negó la orden de aprehensión y no valoró las pruebas recabadas por la Fiscalía.
El 1 de agosto de 2024, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, con sede en Toluca, confirmó la negativa de la orden de aprehensión. Se destaca que la resolución estuvo basada en una normatividad no aplicable para juzgar los hechos ocurridos en 1994 y no efectuó un estudio integral de las pruebas que presentó el Ministerio Público. El Tribunal negó la solicitud de captura en contra de Sánchez Ortega porque no estudió ni valoró las pruebas del recurso de apelación interpuestas por la Fiscalía.
El lector podrá estar de acuerdo o no con la Reforma Judicial ya constitucional y publicada en el Diario Oficial de la Federación, pero pienso que todos concordamos en que el Poder Judicial requería una limpieza a fondo por el alto grado de corrupción que prevalece a su interior.
Ahora, yo reconozco que para mí es difícil opinar si la elección popular será el mejor remedio para fortalecer y mejorar al Poder Judicial, pero pienso que tampoco se trata de descalificar este esfuerzo inédito, porque todo está por verse y habremos de estar atentos a los resultados e implicaciones que dicha reforma traerá para la mejor impartición de justicia.
