Columna
Café con Adorno
Por Raúl Adorno Jiménez
Debe garantizar elección de jueces capacidad técnica, experiencia y formación judicial
Agencia Parlamento y Debate.- El debate sobre la necesidad o no de elegir a los ministros o jueces está en la boca de todos los políticos, sin importar el partido, así como de ministros y funcionarios del Poder Judicial, donde prevalece la coincidencia de que la reforma constitucional para la elección por voto popular de miembros del Poder Judicial no tiene vuelta de hoja.
Lo anterior, porque Morena tiene la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y le faltan sólo dos escaños para obtenerla en el Senado y con ello lograr la reforma constitucional para tales efectos.
Algunos de los ministros que antes se burlaban de lo que llamaban ocurrencias del presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy muestran su preocupación porque saben que los cambios van y ellos perderán sus privilegios.
Bajo el argumento de defender su independencia como parte de los tres poderes de la unión, empezaron a imponer la dictadura de la toga, es decir, que se pusieron por encima de los otros dos poderes para echar para atrás reformas legales impulsadas desde el Ejecutivo y aprobadas por la mayoría en las cámaras de diputados y senadores.
Es decir, que se imponían a dos poderes que habían sido electos con el voto popular y sin importar que la soberanía esté en la representación popular del pueblo. Ellos, la mayoría de los 11 ministros, se adjudicaron el derecho de frenar cambios legales, sin ni siquiera considerar si eran buenos o no para la mayoría de los mexicanos.
No, por el contrario, bajo el argumento que no se cumplía con el debido proceso simplemente se echaban para atrás reformas, como por ejemplo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador, bajo el supuesto de que dichas reformas derivan en violaciones en contra del derecho a la libre concurrencia en el mercado del que gozan las centrales de energías limpias.
Los cambios que proponía López Obrador se contraponían a la reforma de Peña Nieto publicada en 2013, misma que configuró un nuevo modelo económico, en el que se dispuso que diversas actividades relacionadas con los hidrocarburos y la energía eléctrica entrarían al ámbito de la competencia, permitiendo la participación de los particulares.
En aras de la libre competencia se dejaba en manos de particulares sectores que nunca debieron dejar de ser estratégicos, porque es el Estado el único que garantizaba el suministro de energéticos a la población en general, sin que ello representara un jugoso negocio para empresarios e inversionistas, cuyo propósito era obtener grandes ganancias, a través de contratos leoninos firmados con anteriores gobiernos, obligar al actual a acatarlos y, por supuesto, dejando a su libre albedrío las tarifas que tenían que pagar los usuarios.
En todo caso, el Poder Judicial no sólo hizo a un lado la decisión mayoritaria del Congreso de la Unión, y la del presidente de la República, con todo y su representación popular, sino que defendió intereses particulares, sobre los intereses del pueblo mexicano que obviamente requiere de tarifas accesibles y que garanticen su suministro, cosa que no iba a pasar con la iniciativa privada.
Es decir, con total mezquindad y, si se quiere con la ley en la mano, se condenaba a los mexicanos a quedar a expensas del libre mercado, bajo el supuesto de la famosa competitividad que en los hechos nunca se cumple y terminan por dejar a empresarios e inversionistas la libertad de poner los precios y tarifas que para ellos representen ganancias, sin importar qué tanto se afecte a los consumidores.
Este tan solo es un ejemplo de lo que el autoritarismo de la toga significó para el gobierno del presidente López Obrador, y es por esto que ahora se habla de que se trata de una venganza, como lo promueve la comentocracia, lo que está totalmente apartado de la realidad, porque tanto fuera como dentro del Poder Judicial se acepta la necesidad de realizar cambios que pongan freno a la corrupción que prevalece en este sector, así como para quitarles la facultad de actuar a favor de los poderes fácticos y económicos de este país, incluso si ello significa pasar por encima de los otros dos poderes.
La elección por el voto popular de ministros, magistrados y jueces se hace un tanto compleja pues hay que recordar que actualmente existen 32 circuitos. En términos generales, cada circuito corresponde a una entidad federativa. Cada circuito se divide, a su vez, en distritos judiciales.
En esta área geográfica será en donde puedan ejercer su jurisdicción los jueces del Poder Judicial de la Federación. También es el Consejo de la Judicatura Federal quien determina el número y extensión de cada distrito judicial. En algunos casos, un circuito solo tiene un distrito, como en el caso del Primer Circuito, la Ciudad de México. En otros, un circuito puede tener más distritos.
En 2017 se encontraban en funciones un total de 815 órganos jurisdiccionales, distribuidos en 255 tribunales colegiados de circuito (TCC), 100 tribunales unitarios de circuito (TUC), 423 juzgados de distrito (JD) y 37 centros de justicia penal federal (CJPF). En ese mismo año, operaban 824 órganos jurisdiccionales, conformados en 259 tribunales colegiados, 99 tribunales unitarios, 427 juzgados de distrito, 38 centros de justicia penal federal y un centro nacional de justicia especializado en control de técnicas de investigación, arraigo e intervención de comunicaciones.
De ese tamaño sería la elección de jueces, lo que resulta verdaderamente titánico, pero más allá de eso, habría que garantizar que quienes sean electos por el voto tengan la capacidad técnica, experiencia y formación judicial para ocupar los cargos, porque sería muy grave sustituir al nepotismo, donde se reparten los cargos de acuerdo al parentesco con los propios jueces, por la repartición de cuotas para los partidos políticos.
