Representa regresión a un sistema centralizador, sostiene. Artículos inconstitucionales avalaron las Comisiones Unidas.
Por J. Adalberto Villasana
Ciudad de México a 23 de mayo. – Al votar en contra del dictamen que expide la Ley de Derecho al Bienestar e Igualdad Social para la Ciudad de México, cuya iniciativa presentó el jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, la diputada local del PRD, Polimnia Romana Sierra Bárcena, aseguró que “representa una regresión al sistema centralizador”, porque excluye a las alcaldías de la instrumentación de programas sociales.
Sostuvo que diversos artículos de la iniciativa son inconstitucionales y, en caso de aprobarlos, podrían echarlos abajo mediante diversos mecanismos legales ante la Suprema Corte de Justicia de a Nación.
El dictamen aprobado por las Comisiones Unidas de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y la de Planeación del Desarrollo, insistió la perredista tiene vicios de interpretación, duplicidades y contradicciones en la generación y ejecución de las políticas de bienestar a que se refiere la Ley, en detrimento de la de población, insistió.
Sin embargo, consideró acertada la inclusión de medidas destinadas a la atención de las personas con discapacidad, como la consideración del Sistema de Cuidados para la Infancia y la Vejez, así como, para personas en situación de dependencia por enfermedad y discapacidad.
La iniciativa incluye disposiciones relativas a la atención de estos grupos vulnerables, “porque existe la obligación, como se establece en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de realizar consultas estrechas en la elaboración de legislación, con la colaboración activa de personas, incluidas niñas y niños, con discapacidad”, lo cual no se cumplió.
Por otro lado, comentó en tribuna que la iniciativa original señala que el Programa Especial de Derecho al Bienestar “debe orientar el conjunto de políticas y programas sociales desde una lógica integral y multisectorial con la inclusión, al menos, de las dimensiones de alimentación, salud, educación, vivienda, agua y saneamiento, cuidados, cultura, deporte, trabajo, movilidad, superación de la pobreza, disminución de las desigualdades y atención e igualación social de los grupos de atención prioritaria”, recordó.
Empero, el dictamen que hoy presentan ante el Pleno, “omite considerar que todas estas acciones a las que se hace referencia en la iniciativa que involucra atribuciones de las Alcaldías establecidas en la Constitución y el marco normativo local”, señaló.
“Es preciso hacer notar que la iniciativa del jefe de Gobierno sí considera a las Alcaldías en la articulación y coordinación de los programas y acciones sociales que se generen en materia de inclusión y bienestar social, pero, sin justificación, las comisiones dictaminadoras, modificaron la iniciativa original, eliminando con este dictamen, las referencias a las acciones de las alcaldías en 10 disposiciones de esta ley”, denunció la legisladora.
“Es evidente que el presente dictamen elimina las atribuciones de las Alcaldías tienen atribuciones exclusivas materia de desarrollo económico y social, educación y cultura, y de protección al medio ambiente, cuando la tendencia en las últimas décadas ha sido descentralizar, tanto en el ámbito federal como el local”, afirmó.
La también vicecoordinadora del PRD en el Congreso capitalino consideró que no se puede hablar de un sistema general de bienestar social, si no se articula con los diversos ámbitos de gobierno.
“Por las razones expresadas es que no acompaño el presente dictamen, debido a que diversos artículos de la iniciativa resultan inconstitucionales y, en caso de ser aprobado, avalen las reservas que presenté y retoman los términos de la iniciativa original propuesta por el jefe de Gobierno”, enfatizó desde tribuna del Antiguo Palacio de Donceles.
