Columna

Café con Adorno

Por Raúl Adorno Jiménez

Reformas a las Ley de Amparo ¿sí o no?

 * La reforma garantiza que jueces y magistrados se excedan en sus funciones constitucionales y así ya no podrán evitar las acciones de gobierno

Agencia Parlamento y Debate.- En el senado aprobaron reformas a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, con la pretensión de impedir a jueces suspender normas y obras públicas.

La oposición se desagarra las vestiduras porque argumentan que con esto se lesionan derechos de los ciudadanos de protegerse contra actos que consideran lascivos para sus intereses por parte del Estado Mexicano o si se quiere del gobierno en turno.

Particularmente fue impugnada por senadores del PAN que sin lugar a dudas cuenta con magníficos abogados que han hecho del amparo un jugoso negocio, pero no para defender el bien común de los ciudadanos, sino para defender el derecho individual de un grupo empresarial que sale a pelear porque siente que tales reformas o acciones de gobierno lesionan sus intereses.

Sin duda, entre los panistas hay abogados muy exitosos que utilizan  sus cargos de elección popular para ejercer no el compromiso de legislar para el bien de la gente, sino para el tráfico de influencias y obtener beneficios para sí mismos o para algún grupo que representan y muchas veces precisamente a través del amparo.

La reforma pasó a la revisión en la Cámara de Diputados donde se tiene la mayoría suficiente para concretar la reforma promovida desde el Senado, aunque como ya lo anunciaron los legisladores panistas habrán de promover una acción de inconstitucionalidad para echarla abajo, y dada la relación tan tirante entre el Poder Judicial, y el Poder Ejecutivo, junto con las bancadas de Morena y aliados, es de preverse  que la considerarán inconstitucional.

Nadie puede dudar que el amparo debe considerarse como una garantía para proteger los derechos ciudadanos, pero aquí hay que ser muy enfáticos PARA TODOS LOS MEXICANOS, no sólo para grupos de poder que tienen suficientes recursos para promover los amparos, protegiendo un interés particular, incluso por encima del interés social.

Más allá de que la última palabra la tiene el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras se hace un análisis de si se lesionan o no los derechos constitucionales de un individuo o un grupo en particular, actualmente un juez federal tiene la facultad de suspender una reforma o una obra impulsada desde el gobierno, imponiéndose –como lo dijo el senador Ricardo Monreal— la “dictadura de la toga”.

Es decir, un individuo puede actuar en contra de la decisión de la mayoría en el Congreso de la Unión, o incluso en contra de acciones emprendidas desde el Gobierno Federal, que guste o no, son los representantes del pueblo mexicano, para salvaguardar el interés no de la sociedad, sino el interés de unos particulares.

Porque quienes se han inconformado principalmente en contra de las reformas, hablemos de la energética, son grupos empresariales que bajo la cobija del libre mercado, ya estaban frotándose las manos ante lo que veían como un jugoso negocio y al quitarles ese derecho a hacer negocios con la electricidad o el petróleo, se les priva de tener ganancias en detrimento de un  sector energético que nunca debió de dejar de ser estratégico, no sólo para mantener nuestra soberanía, sino para impulsar el desarrollo nacional, siempre bajo la rectoría del Estado y no de empresas que sólo ven un jugoso negocio en esos servicios fundamentales para la sociedad en general.

No quiero dejar de lado, el derecho que han ejercido grupos ecologistas al promover amparos en contra de obras del Tren Maya, tendrán sus razones y argumentos, lo que es necesario revisar es la facultad de un individuo o digámoslo con todas sus palabras de un juez, que se otorga la facultad de ponerse por encima de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y con ello suspender reformas o acciones impulsadas desde gobierno o por la mayoría legislativa.