Columna Invitada
En la elección de Ministra debe prevalecer la unidad
Por el Senador Gabriel García Hernández
Ciudad de México, 11-dic-2023 (Agencia Parlamento y Debate).- El pasado 15 de noviembre, el Senado de la República aprobó la renuncia de quien fuera uno de los Ministros más progresistas en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ministro Arturo Zaldivar Lelo de Larrea. Tal decisión llevó a que el Presidente de la República, por mandato constitucional, tuviera que proponer una terna para ocupar la vacante; para tales efectos la propuesta se integró por tres mujeres extraordinarias: Bertha María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González.
Es así como el 29 de noviembre, en sesión de pleno, después del procedimiento en comisión y de desahogadas las comparecencias ante la tribuna, dicho asunto fue votado en dos ocasiones, pues en la primera no se que alcanzó la mayoría calificada toda vez que eran necesarios 75 votos a favor de aquella que integraría el máximo tribunal, los próximos 15 años. Al final Bertha María Alcalde Luján, obtuvo 68 votos, Lenia Batres 2 y Estela Ríos 3.
Ante este escenario, corresponde nuevamente al Titular del Ejecutivo, mandar una nueva terna, por lo que hace dos días conocimos que nuevamente Bertha Luján, Lenia Batres Guadarrama y ahora María Eréndira Cruzvillegas Fuentes, serán las aspirantes para ocupar el espacio vacante en ese tribunal constitucional. De no alcanzar nuevamente el número de votación calificada y de conformidad con el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República designará a alguien que hubiera estado en esa última terna.
Resulta muy interesante que este método de elección para Ministras y Ministros, es producto de la última reforma importante al Poder Judicial, misma que fue presentada y aprobada al inicio del sexenio del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, en la que se configura una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación con 11 ministros, se establece una nueva forma para su designación y también se disponen nuevos medios de control constitucional como la acción de inconstitucionalidad así como la controversia constitucional, sin olvidar lo relativo a la responsabilidad del Consejo de la Judicatura Federal
Esta máxima responsabilidad que tiene el Senado de la República ante la ratificación de una integrante de otro poder federal, no puede ser desechada por simples caprichos o indiferencia. La construcción de los acuerdos, primero desde la mayoría ostentada por MORENA, tiene que permear hacia los demás grupos parlamentarios. La ciudadanía nos exige unidad para sacar adelante los temas que le interesan a la nación y la oportunidad inmejorable de que personas afines a los principios de la transformación, ocupen el cargo de más alto nivel en el Poder Judicial.
El grupo parlamentario de MORENA, tiene la obligación moral y ética de actuar coordinadamente con los principios que representa, ninguna aspiración particular puede estar por encima de lo colectivo y a menos de un año que acabe el sexenio, hay temas que aún requieren de votación calificada para salir adelante.
Sin duda la reforma de 1994, abrió la posibilidad de que los partidos políticos intervinieran en la designación de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la debacle del partido hegemónico, la ola democratizadora que llegaba para quedarse, exigía la construcción de mayorías calificadas y en ese sentido es que necesitamos fortalecer primero los acuerdos del grupo parlamentario mayoritario para estar en posibilidad de llegar a acuerdos con las demás fracciones al interior del Congreso.
Lo ideal sería una nueva reforma integral al Poder Judicial, pero eso es tema de un posterior análisis y de concretar el Plan C.
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