El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Cdmx, Nazario Norberto Sánchez, consideró que hay que homologar esos derechos innovadores para la buena administración, con los que están establecidos en la Carta Magna de la CDMX, y a nivel local, representan un nuevo modelo de Estado que está a la altura de sus habitantes.
Por J. Adalberto Villasana
Ciudad de México, 23-ago-2023. (Agencia Parlamento y Debate). – Para estar a la par de la democracia de la que gozamos los mexicanos en diversos procesos políticos y sociales, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Nazario Norberto Sánchez presentó en la Comisión permanente del Congreso capitalino, una propuesta de iniciativa ante el Congreso de la Unión, por el que se adicionan diversas disposiciones a los artículos 4 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de reconocer el derecho a la buena administración.
La propuesta, turnada a la Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México, tiene como propósito señalar la importancia de la buena administración como derecho y como principio de los poderes de la Unión, y no solo para su reconocimiento dentro del texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino como una nueva forma de atención y ejercicio de la administración en nuestro país.
En el documento se expone que, en la Constitución Política de la Ciudad de México en 2017, se reconocieron, maximizaron, garantizaron y matizaron más y mejores derechos para los capitalinos y se constituyó un nuevo modelo de Estado a la altura de sus habitantes. Esos derechos innovadores para la buena administración se constituyeron en el artículo 7 de dicho ordenamiento.
De tal manera, en la iniciativa del diputado del Grupo Parlamentario de Morena, se adiciona en el artículo 4º Constitucional para establecer que “Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
El Estado garantizará la audiencia previa de los gobernados frente a toda resolución que constituya un acto privativo de autoridad. En dichos supuestos, deberán resolver de manera imparcial y equitativa, dentro de un plazo razonable y de conformidad con las formalidades esenciales del procedimiento.
Finalmente, en el Artículo 134 se propone adicionar que “El Estado garantizará el derecho a la buena administración a través de un gobierno abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y resiliente que procure el interés público y combata la corrupción.
El gobierno abierto es un sistema que obliga a los entes públicos de los tres órdenes de gobierno, a informar a través de una plataforma de accesibilidad universal, de datos abiertos y apoyada en nuevas tecnologías que garanticen de forma completa y actualizada la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información.
Asimismo, se deberán generar acciones y políticas públicas orientadas a la apertura gubernamental a fin de contribuir a la solución de los problemas públicos a través de instrumentos ciudadanos participativos, efectivos y transversales.
Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.
