* No podemos permitir que se siga criminalizando a los pueblos y comunidades indígenas de nuestra región por sus prácticas tradicionales como lo es la medicina tradicional
Ciudad de México, 22-feb-2023 (Agencia Parlamento y Debate).- La senadora Alejandra Lagunes del Partido Verde solicitó, ante el pleno del Senado de la República, respeto a los usos y costumbres de los pueblos originarios y que se garanticen sus derechos reconocidos desde la constitución y los tratados internacionales que México ha firmado y que el Senado ha ratificado.
Reconoció el apoyo de las legisladoras Xóchitl Gálvez y Olga Sánchez Cordero al respaldar el exhorto a la Fiscalía General de la República y a las 32 fiscalías estatales a generar protocolos internos para garantizar el respeto de los estándares nacionales e internacionales en materia de pueblos indígenas que ingresen al territorio nacional con sus medicinas ancestrales.
De igual forma, solicitaron a la FGR abstenerse de efectuar detenciones arbitrarias y apegarse estrictamente a los principios de legalidad y seguridad jurídica contemplados en los artículos 14 y 16 de la Constitución.
“Buscamos que el poder judicial de la Federación vele por el respeto y garantía de los derechos reconocidos a las personas indígenas para la portación y el traslado de sus plantas ancestrales, recursos y demás productos de medicina tradicional en absoluta libertad dentro del territorio mexicano” dijo.
Agregó que, otro de los objetivos de esta petición a la FGR es garantizar la aplicación de los estándares nacionales e internacionales en materia de pueblos indígenas en los procesos jurisdiccionales de los médicos y curanderos actualmente en prisión.
Explicó que, actualmente 4 médicos tradicionales originarios de Perú, Brasil y Colombia, están en prisión, privados de la libertad por traer consigo sus plantas medicinales, lo que para ellos forma parte esencial de su relación con sus tierras y sus costumbres, y hoy, son acusados por el Estado mexicano por introducción de estupefacientes conforme al art.194 del Código Penal que contempla una pena entre 10 y 25 años de prisión.
Mencionó que la primera ley que criminalizó los usos de estas sustancias data de 1620 y a la fecha, más de 400 años después, se siguen persiguiendo y castigando con prisión a integrantes de pueblos y comunidades por sus costumbres y cosmovisión.
“No podemos permitir que se siga criminalizando a los pueblos y comunidades indígenas de nuestra región por sus prácticas tradicionales, en materia de medicina ancestral , toda vez que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas tienen derechos reconocidos desde la constitución y los tratados internacionales que México ha firmado y que este Senado ha ratificado” finalizó
