Columna

Café con Adorno 

Por Raúl Adorno Jiménez

Imprescindible evitar excesos en uso de geolocalización y datos personales

Agencia Parlamento y Debate.- Sin lugar a dudas, creo que a muchos nos queda claro que sin la modernización tecnológica en la persecución de la delincuencia organizada no se podrá avanzar en el principal propósito de restablecer el orden y la paz en México, por ello la necesidad de tener instrumentos de mayor acceso y supervisión a los movimientos de los narcotraficantes, huachicoleros y otros delincuentes, que va desde el lavado de dinero con presuntos movimientos financieros ilegales, hasta la ubicación en tiempo real de los criminales.

En este sentido, las reformas aprobadas en la Ley de Telecomunicaciones tienen el propósito fundamental de otorgar diversas herramientas tecnológicas para hacer más eficiente la persecución de la delincuencia organizada; en ningún momento se plantea que las autoridades podrán tener acceso indiscriminado a la información de cualquier ciudadano ni mucho menos tener el poder de manipularla o utilizarla para fines políticos o de otra índole.

La propia presidenta Claudia Sheinbaum ha comentado en diversas ocasiones que esta intervención se hará sólo cuando hay presunción de un delito y un juez lo permite; no para cualquier ciudadano, eso está prohibido, y seguirá siendo prohibido.

En una de sus mañaneras la mandataria insistió en que solamente ante una investigación de un presunto delincuente, se solicitará a un juez la necesidad de saber su geolocalización y sólo con la autorización del togado podrá procederse, porque de lo contrario, si no se tiene esta autorización con la orden de un juez, ninguna información que se obtenga será tomada como válida para inculpar al investigado.

Sin embargo, diversos asociaciones civiles y analistas han expresado su preocupación de que no existan delimitaciones claras en la ley sobre los alcances de este acceso a la información, lo que se une a las reformas que permiten que a través de la Clave Única del Registro de Población (CURP) el gobierno tendrá acceso inmediato a información biométrica, a cuentas bancarias, historiales telefónicos, datos fiscales y patrimoniales.

Ante tal situación, la presidenta Sheinbaum nos pide un acto de confianza de que nunca se utilizarán estos instrumentos para realizar espionaje o control sobre la ciudadanía en general, pero, dicen por ahí, que la burra no era arisca, sino que la hicieron compadre, porque si bien la redacción de la legislación que se aprobó en materia de telecomunicaciones, prácticamente es igual, a la que aprobaron en su momento el PRIAN, lo cierto es que aunque existían limitaciones por parte de la ley, la realidad es que había espionaje a diestra y siniestra.

Porque la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, como lo hacía la ley anterior, es simplemente referir a operadores de las telefónicas móviles que deben colaborar en los términos de la ley, y los términos de la ley es el Código de Procedimientos Penales que establece con toda claridad la necesidad de solicitar a un juez de control la autorización para este mecanismo.

Hasta ahí estamos de acuerdo, pero en el pasado, con todo y esa disposición, la realidad es que no sólo se practicaba la intervención telefónica y el espionaje para perseguir la delincuencia, sino que se aplicaba lo mismo para políticos de oposición, que, para empresarios, comunicadores incómodos para el régimen en turno o activistas sociales, sin ninguna restricción.

Ahora que con un reportaje en Israel volvió a salir a la luz pública el caso de Pegasus que fue permitido legal e ilegalmente por el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien además, según dicho reportaje, recibió alrededor de 25 millones de dólares para que se comprara y utilizara por diversas instancias gubernamentales entre ellas el Ejercito Mexicano, este método de espionaje, prende las alarmas entre la sociedad porque independientemente de las buenas intenciones, de caer en manos inapropiadas estos instrumentos de investigación, generarían una enorme vulnerabilidad para la población.

La propia presidenta Sheinbaum ha reconocido que prácticamente todos los integrantes de los movimientos de izquierda fueron objeto de espionaje político, obviamente sin orden judicial de por medio, es decir, que, aunque por ley era necesario la autorización de un juez para intervenir las comunicaciones de algún personaje de la vida pública que interesara al gobierno en turno, este procedimiento no siempre se cumplía, e incluso se espiaba ilegalmente a los propios funcionarios del régimen.

Ante lo anterior, se hace necesario que haya institutos autónomos, independientes y ciudadanos que vigilen y limiten el actuar del gobierno en el uso de estos instrumentos de vigilancia para que sus acciones no se extralimiten y pudieran incurrir en violaciones a los derechos humanos, como la privacidad de que gozamos todos los mexicanos de acuerdo al Artículo 16 Constitucional.

Dicho artículo señala que la Constitución Mexicana protege el derecho a la legalidad y seguridad jurídica. Establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. También regula aspectos como órdenes de aprehensión, detenciones por flagrancia y la actuación del Ministerio Público.

Es fundamental que las nuevas disposiciones para mejorar la investigación en contra de la delincuencia organizada, cumplan a cabalidad con el Artículo 16 Constitucional, y en ese propósito el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, no puede ser juez y parte, por ello la necesidad y la demanda de que existan órganos autónomos y ciudadanos que vigilen la actuación gubernamental, pero sobre todo que protejan los derechos humanos a la privacidad y, particularmente, a la protección de los datos personales.

Ahora que desapareció en INAI, es importante que se abra el debate, sobre la necesidad de que exista un organismo que cumpla con la tarea fundamental de resguardar los derechos humanos en esta materia; tal vez pensar en un organismo que no resulte tan oneroso como el INAI que fue creado en los tiempos de Vicente Fox, quien supuestamente se comprometió a adelgazar a un gobierno obeso, cosa que no sólo no lo cumplió, sino que a través de la creación de supuestos organismos autónomos, conformó una burocracia dorada, con sueldos exorbitantes, muy por arriba del ingreso promedio de los mexicanos.

Entre la disyuntiva de tener más y mejor seguridad, a cambio de ceder privacidad por una vigilancia más intrusiva, es necesario establecer los diques que eviten que haya excesos de parte del gobierno, que deben ir más allá de las buenas intenciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, para que los límites legales del uso de la geolocalización y el CURP  queden muy claros en la ley y evitar con ello que las autoridades se extralimiten en sus facultades de manera desproporcionada e incompatible con los derechos de los ciudadanos.